Insolvencias familiares y empresariales.

EL informe del Instituto Nacional de Estadística sobre las insolvencias familiares y empresariales en el segundo trimestre de este año no deja lugar a duda sobre la profundidad de la crisis económica. Con un aumento del 173,7 por ciento respecto del segundo trimestre de 2009, los concursos de acreedores en empresas y familias demuestran que ninguno de los leves síntomas de mejoría que el Gobierno está exhibiendo afecta a la mejora de la economía real y productiva. Los famosos brotes verdes se quedan en la superficie de las estadísticas macroeconómicas y de las efímeras consecuencias de los planes de obras locales.


La extensión del desempleo -coyunturas estacionales al margen- está aumentando el número de ciudadanos que no pueden atender sus pagos fijos de alquileres, hipotecas, préstamos personales y deudas similares. Por otro lado, la obstrucción del crédito para empresas con negocio pero sin tesorería, la caída del consumo por miedo al futuro y la morosidad de las administraciones públicas con sus proveedores de la pequeña y mediana empresa explican suficientemente el incremento de las insolvencias empresariales, concentradas principalmente, según el INE, en los sectores de la construcción, la promoción inmobiliaria, la industria, la energía y el comercio, todos ellos fundamentales en la actividad productiva nacional. Por otro lado, a la vuelta del verano se medirá la temporada turística y su impacto en las empresas del sector.


Siendo graves estos datos por sí mismos, sus efectos materiales empeoran con la situación de saturación que viven los juzgados de lo mercantil, creados precisamente para tramitar con diligencia estos procesos concursales y aminorar los perjuicios a acreedores y deudores. Al prolongarse los litigios judiciales por estos estados de impago, se produce un efecto dominó, en el que el deudor concursado arrastra a sus acreedores a sus propias insolvencias. De 2007 a 2008, los procesos por concurso de acreedores aumentaron un 202,9 por ciento, según los datos oficiales publicados por el Consejo General del Poder Judicial. La perspectiva no es tranquilizadora porque, aunque los datos de ambas instituciones no son homogéneos, los 3.285 concursos de los seis primeros meses de 2009 contabilizados por el INE equivalen a casi el 70 por ciento de todos los registrados en 2008 (4.813) por el Poder Judicial en los juzgados de lo mercantil. Es obvio que las soluciones deben llegar antes, para evitar las insolvencias de aquellas empresas y personas físicas abocadas a un callejón sin salida por falta de crédito para sostener sus negocios. Otras no tienen más solución que el concurso de acreedores, pero donde deberían notarse principalmente las medidas de reactivación del crédito y estímulo económica es en la reducción del número de insolvencias. Mientras no se frene esta hemorragia empresarial y familiar, el optimismo del Gobierno seguirá chocando con la realidad de la crisis.
Fuente: abc.es

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