El contrato de prestamo: definición y obligaciones de las partes. 

En este artículo se va a describir de forma sencilla y clara el contrato de prestamo, qué compromisos adquieren la entidad financiera o banco que es el  prestamista y cuales son las obligaciones que tiene con el consumidor que es el prestatario.

Prestamista: definición 

El prestamista su obligación será la siguiente: la entrega del capital que presta. En la práctica, tiene otra obligación digamos secundaria, que es la gestión de ese préstamo, contabilizando la cuenta corriente de los ingresos que se hagan, liquidando intereses o comisiones pactadas, domiciliando recibos, notificando al prestatario los movimientos de cuenta...

Prestatario: definición  

El prestatario, es el beneficiario del préstamo, es obligado que devuelva la cantidad prestada, con sus intereses, en los plazos que se establezcan. De todas formas, la entidad financiera o banco, se ve en la obligación de reducir sus riesgos al mínimo. Por todo esto, el solicitante del prestamo estará obligado a informar de su situación económica, montante de sus ingresos, si están o no asegurados, si dispone de propiedades, avales o si tiene otros préstamos o deudas.

Todos los préstamos que conceden las entidades financieras se registran en el Banco de España y, habitualmente, se consultará este registro antes de conceder un nuevo préstamo. Este registro es el famoso CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España). En este punto, una advertencia importante: antes de realizar esta consulta, deberá solicitarse autorización por escrito al interesado, trámite que a veces se omite, y que puede dar lugar a la imposición de una multa a la entidad.

Caso de producirse el impago de alguna letra o recibo de un préstamo, el acreedor lo anota inmediatamente en la base de morosos que corresponda (ASNEF y RAI), que también se consultan habitualmente. De este manera, generalmente, no se concederá ningún préstamo a quién ya haya impagado algún recibo. Hay alguna excepción en las que la entidad contempla la refinanciación de préstamos ya vencidos e impagados. En ese caso, se exigen garantías más elevadas y los intereses y comisiones son más altos que los ordinarios.

Casi por norma, no se concederá un préstamo a quien no tenga unos ingresos bastante superiores al salario mínimo interprofesional, dado que a esta persona no se le pódrá embargar y, por lo tanto, en caso de impago el prestamista no podría ejecutar su préstamo.

En todo caso, el banco puede solicitar garantías de que se le devolverá su préstamo. Si los ingresos del solicitante son suficientemente altos y seguros -pensionistas, funcionarios...-, probablemente no se exija ninguna garantía adicional, salvo que la cantidad a prestar sea elevada.

Caso de que se compruebe que los ingresos del solicitante no alcancen un nivel suficiente, la cantidad a prestar sea alta, el solicitante tenga más de cierta edad o ya existan otros préstamos, la entidad solicitará mayores garantías para reducir el riesgo de impago. En este caso es cuando aparece la figura del aval, es decir, una segunda persona que asumiría el pago en caso de no hacerlo el titular del préstamo.

Por muchas garantías que se establezcan, siempre subsiste el riesgo de que llegue el momento en que no se pague algún recibo. El banco, entonces, ha de acudir a un proceso judicial en el que se embarguen sueldos, inmuebles, valores... Ello origina a la entidad un descubierto durante un periodo más o menos largo de tiempo, del que, seguramente, acabará resarciéndose bien -intereses de demoras, costas judiciales, comisiones de descubierto..-. pero que mientras subsiste, le causa un perjuicio en la presentación de sus cuentas y tendrá que dejar un dinero en el Banco de España.

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